CDMX., 13 de enero 2024.- Este viernes un juez de control dictó condena absolutoria y ordenó dejar en libertad a Juan Carlos García Rivera, presunto operador del software de espionaje Pegasus.

Lo anterior luego de considerar que la Fiscalía General de la República (FGR) no aportó prueba que lo vincule a la intervención ilegal de las comunicaciones de la periodista mexicana Carmen Aristegui.

#ÚLTIMAHORA | Un juez federal ordenó dejar en libertad a Juan Carlos García Rivera, operador del software de espionaje #Pegasus, al considerar que la #FGR no aportó ninguna prueba que lo vincule a la intervención ilegal de las comunicaciones de Carmen Aristegui pic.twitter.com/JyUErsMulM— Azucena Uresti (@azucenau) 13 de enero de 2024

Juan Carlos García Rivera era empleado de una filial del Grupo KBH, un corporativo de empresas que se dedicaban a realizar trabajos por medio de prestanombres y operaban desde un inmueble ubicado en la Avenida Ejército Nacional, CDMX.

García Rivera, quien había permanecido en prisión preventiva desde 2021 en el Reclusorio Sur de la capital del país, reconoció -durante la última audiencia del desahogo de pruebas- haber estado en el contrato de operación del software Pegasus con la entonces Procuraduría General de la República (PGR).

Sin embargo, el señalado afirmó solo haber sido parte del equipo de “soporte técnico”, pero no de quienes operaban el software.

“Yo no podía acceder al sistema ni llevarme el equipo por tratarse de una cuestión de seguridad nacional”, comentó ante el juez Luis Benítez Alcántara, del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur.

El exempleado de KBH expuso que a otros dos empleados que aparecen en el contrato: Jairo Riso, de Colombia, y Berta Sánchez, de España. Ambos laboraban en NSO Group y, según García Rivera, eran los únicos que conocían cómo funcionaba la “caja negra”.

Cabe recordar que Pegasus fue adquirido durante el sexenio de Peña Nieto, así lo afirmó un testigo protegido de la FGR identificado como “Zeus” (que trabajó en Grupo KBH), quien detalló que Miguel Ángel Osorio Chong, exsecretario de Gobernación, ordenó la compra del software para intervenir comunicaciones a diversos personas públicas en el año 2014.

Con información de Grupo Fórmula.